BUENOS AIRES.- Argentina no es ajena a la polémica y el temor que causó la advertencia del gobierno francés acerca de los implantes de mama de marca PIP, y ya hay pedidos para que el Estado se haga cargo de la extracción y colocación de nuevas prótesis.
El viernes, el Gobierno de Francia recomendó a todas las mujeres que tengan estos implantes, fabricados con gel de silicona, que se los retiren, y anunció que pagará el costo de la extracción. La medida generó reacciones en la mayoría de los países que importaban el implante.
Una de las clínicas argentinas que colocaba los implantes, comunicó el sábado que se hará cargo de la extracción de los implantes en forma totalmente gratuita, según el diario "Clarín".
La clínica B y S, informó que asumirá el costo de 13.000 pesos que implica la cirugía de extracción y los honorarios profesionales, pero aclaró que deberán pagar el costo del nuevo implante que elijan (entre 500 y 1000 dólares aproximadamente).
La respuesta de la clínica no fue bien recibida por un grupo de 50 mujeres que tienen el implante PIP colocado entre 2007 y 2010, informó "Clarín".
"Queremos que los médicos se hagan cargo tanto de la extracción como de la colocación de la nueva prótesis", dijo Virginia Luna, abogada de 34 años que formó el grupo "Afectadas PIP" desde el momento en que se conoció la prohibición del producto, en abril de 2010.
En la provincia de Buenos Aires ya hay proyectos que se proponen zanjar la cuestión. El diputado bonaerense Mauricio Dalessandro reclamó que el Estado, las obras sociales y las prepagas accedan a tratar sin costo a las mujeres que se realizaron implantes de silicones y ahora, por temor a contraer enfermedades, decidan recurrir a una cirugía para su extracción.
Dalessandro ya trabaja en un proyecto que presentará en los primeros días del nuevo período parlamentario, para que el sistema de salud provincial, tanto público como privado, imite la decisión adoptada por las autoridades sanitarias de Francia ante el riesgo que los implantes hayan generado casos de cáncer, se informó en un comunicado.
"En Argentina hay más de 13.000 mujeres que se han realizado un implante con las prótesis PIP, de origen francés, las mismas que han despertado la sospecha en aquel país, por lo que se resolvió tratar el tema como una cuestión de Estado ante la posible aparición de nuevos casos que pongan en peligro la vida de las mujeres", explicó el legislador.
Agregó en ese sentido que "todos los días hay cientos de mujeres que sospechan que pueden tener problemas con las prótesis y quieren sacárselas, pero las obras sociales y prepagas se niegan a realizar la operación si no hay un daño o amenaza concreta, pero de esa manera desprecian la cuestión psicológica".
"El Anmat recomendó a las mujeres implantadas que concurran al médico para resolver cualquier duda, ya que se comprobó que los implantes tienen un gel que no es de uso medicinal y puede ser tóxico para la salud", recordó Dalessandro, quien aseguró que "autorizar la extracción en forma gratuita es un procedimiento económico y preventivo, ya que evita problemas posteriores que en definitiva le pueden costar millones al sistema de salud".
En Francia el gobierno resolvió exhortar a las mujeres que fueron implantadas con ese material a que concurran a los centros médicos para extraerse las siliconas. (Télam-Clarin.com)